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Maza en mano, a día de hoy la Policía aún sigue cumpliendo órdenes de desahucio.
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Va con retraso. Como pronto, hasta la
primera mitad de mayo. El PP no espera tener antes la nueva normativa sobre los desahucios. Así lo aseguran en el grupo parlamentario popular. El portavoz de Economía en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, calcula que entre la ampliación del plazo de enmiendas, la ponencia, el Senado, las vacaciones de Semana Santa en medio y alguna decisión europea pendiente, hay demora. Y eso que iban a tramitar la nueva ley con el
procedimiento de urgencia, pero, entre pitos y flautas, a día de hoy lo previsto es que casi nos acerquemos al verano y sigan echando a la gente de sus casas sin una normativa eficaz que proteja a los desahuciados, mientras el Gobierno sigue echando balones fuera. Primero sacó el llamado
Código de Buenas Prácticas, que fue insuficiente; después, el
decreto de noviembre, que tampoco resolvió la situación; y, ahora, se enfrenta al envite de tramitar una Iniciativa Legislativa Popular de un millón y medio de firmas, con la opinión pública mayoritariamente en contra de los desahucios, mientras pagamos todavía el rescate a las entidades financieras con dinero público. Lo que el Gobierno socialista anterior no arregló, tampoco lo está arreglando este.
En el PP reconocen que están esperando una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la Ley Hipotecaria, prevista para mediados de marzo. Por el contrario, los socialistas rechazan esa excusa y aseguran que gran parte de las críticas que hizo el tribunal europeo en
un dictamen ya están recogidas en las enmiendas del PSOE y de otros grupos de la oposición, por lo que se podría trabajar en el Congreso, sin alargar la espera.
¿Hay interés del Gobierno en el retraso? Digamos que Rajoy está, también en esto, entre la espada y la pared. Por una parte el malestar de los ciudadanos, que demandan otra política contra los desahucios y, por otro, los temores del sistema financiero, que sigue presionando para que los cambios sean muy ligeros, con advertencias de que los impagos podrían desbocarse, aunque a la vez la patronal de la banca también se permite frivolidades como
recomendar que se construya más y se concedan más hipotecas. Con este panorama, el presidente es quien debe decidir. De entrada, podría dar la verdadera magnitud al problema, ahora que tanto se habla de transparencia. El Gobierno ni siquiera aporta todavía datos oficiales actualizados sobre las personas afectadas. Si el Consejo General del Poder Judicial elevó la cifra de procesos a 350.000 hasta 2012, el ministerio de Economía optó por
un subsecretario que dio por buenos los datos de la banca, que cifra a los perjudicados entre los 5.000 y los 15.000. Entre el cruce de argumentaciones sobre si son primera o segunda vivienda no ha habido un claro recuento oficial con la firma del Ejecutivo. Otro tanto ocurre con el número de
viviendas vacías, que eran más de 3 millones según datos del Instituto Nacional de Estadística nada menos que en 2001.
Así las cosas, el Gobierno sigue dando capotazos al problema. Salió airoso el pasado 12 de febrero, cuando a última hora se dio cuenta de que no podía aceptar la Iniciativa Legislativa Popular sobre los toros y, a la vez, en la misma sesión del Congreso, torear a los desahuciados, rechazando las firmas de su propuesta. Seguramente, la noticia del suicidio de un matrimonio de ancianos que iba a perder su casa hizo cambiar de opinión al PP
in extremis. Ese mismo día el portavoz popular había dicho que votarían en contra. Ahora, aceptada a trámite la Iniciativa hace casi un mes, quedan los ecos de esa sesión que el presidente de la cámara, Jesús Posada, terminó al grito de “procedan a la expulsión, coño”, entre las protestas de los colectivos que exigen una ley digna.
No es suficiente una moratoria en los desahucios de un par de años, acumulando intereses de demora superiores al 20%, que en
el proyecto del Gobierno serían del 12%. No basta con un parque de viviendas para alquiler social de 6.000 casas, en un país con millones de pisos vacíos, de entidades en muchos casos rescatadas con dinero público. Urge mejorar el decreto de noviembre si una madre soltera, en el paro, con un hijo de 5 años con diabetes, cobra 426 euros al mes y no puede acogerse a esta normativa. Hay que legislar de nuevo y hacerlo rápido.
Hubo en 2003 un ministro que negó que existiera la burbuja inmobiliaria en España y respondió enfadado que era “una especulación de la oposición que habla insensatamente de la economía del ladrillo”. Ese ministro añadió: “Un gran porcentaje de la población española ha entrado en una nueva vivienda mediante una hipoteca y con un compromiso de pago futuro, que hay que respetar y trabajar para que puedan atenderlo sin problemas”. Trabaje ahora para que esos ciudadanos atiendan esos pagos sin problemas, señor
Montoro. Es su asignatura pendiente. La suya y la de los demás. Ustedes tienen la ocasión de volver a intentarlo.